Por: Jorge Gómez Barata
El constitucionalismo y el parlamentarismo llegados tardíamente a Cuba desde Europa y Estados Unidos tuvieron un mal debut en la República en Armas, pésimo desempeño en la República y han sido estériles en la Revolución.
A lo largo de 30 años a los mambises les resultó difícil conciliar las exigencias de la guerra de liberación con la diplomacia de salón. En la República se entronizó la corrupción y el clientelismo y la Revolución Cubana trató de evadir tales formalismos y crear estructuras propias, pero fue atrapada por esquemas poco viables.
El debate en torno a la pertinencia de una Constitución, de un cuerpo legislativo y de un gobierno civil, se erigieron en factor de división en las filas insurrectas y al imponerse, más que aportar soluciones, fomentaron problemas que condujeron a desatinos como la destitución por la Cámara de Representantes de Carlos Manuel de Céspedes, el primer presidente de la República en Armas y a la sublevación ante el segundo que involucró a varios generales, estuvo a punto de desembocar en una lucha fratricida o de pasar a la historia de Cuba como el primer Golpe de Estado.
Ninguna de las instituciones que formaron los poderes del estado cubano nacido de la extraña combinación de las luchas por la independencia y la ocupación norteamericana, se desacreditó tan rápida y definitivamente como el parlamentarismo ejercido por la Cámara de Representes y el Senado de la República.
El debate respecto a la posibilidad de rehacer las instituciones republicanas y dar vigencia a los poderes del Estado que fueron aniquilados por la dictadura de Batista, se renovó con el triunfo de la Revolución cuando incluso participantes en la lucha contra la tiranía abogaron por la celebración de elecciones y la reintroducción del parlamentarismo, pugna que llevó a una temprana y aunque drástica, atinada definición de Fidel: “Elecciones para qué”.
Finalmente se hizo evidente que era imposible sustraerse a la necesidad de crear las instituciones estándar del Estado moderno que tal vez, en sus esencias más profundas, son elementos de la cultura humana y no patrimonio de alguna clase social. El proceso de institucionalización iniciado en Cuba en los años setenta no puede darse por concluido y su perfeccionamiento, incluyendo la reforma de la Constitución y del sistema electoral, son tareas no sólo pendientes sino urgentes.
El parlamento electo que el próximo domingo se constituirá en Asamblea Nacional tiene no sólo la oportunidad sino el deber de marcar la diferencia respecto al desempeño realizado por el máximo órgano de poder del Estado en las siete legislaturas precedentes, en los cuales el formalismo y la inacción dominó su quehacer. A ellos corresponde asistir eficazmente al Presidente y a la dirección del Partido en una coyuntura en la que cumplir disciplinadamente orientaciones no basta y es preciso crear y arriesgar para asegurar y garantizar lo alcanzado. Allá nos vemos.
