Por: Jorge Gómez Barata
Al concluir la Guerra Civil (1861-1865), Estados Unidos se encontró con casi un millón de militares desocupados. La conquista del oeste fue una opción que no tiene equivalente en la Colombia de hoy y que, según el profesor Jesús Arboleya, pudiera explicar la alternativa ofertada por el presidente Santos a la cúpula militar colombiana. “Probablemente se trata ─dijo─ de asegurarles que, una vez conseguida la paz interna, habrá para ellos espacios y roles relevantes…”
A diferencia de la historia europea, cuna a la vez del militarismo y del civilismo liberal que aparta a los militares de la política y de las funciones públicas, en Iberoamérica, a lo largo de 200 años, las fuerzas armadas fueron el principal partido político y la organización que más eventos políticos protagonizó y la que aportó mayor número de gobernantes y caudillos.
Según la doctrina liberal clásica, el Estado es una entidad civil y laica en la cual el papel de los militares no es diseñar las políticas sino asegurar su aplicación, actuando como “brazo armado” que sostiene el poder de las instituciones, pero no las suplanta.
Esa definición funcionó allí donde, como en Europa y los Estados Unidos, las clases dominantes favorecieron el florecimiento y consolidación de las instituciones civiles a cuya autoridad se someten los uniformados que en los países desarrollados se subordinan a las estructuras civiles. De ese modo se garantiza que quienes poseen el inmenso poder de las armas, carecen de atribuciones para utilizarlo.
Esa doctrina se complementa con aquella que asume como piedra angular de la convivencia internacional, la soberanía nacional y convierte al Estado-nación en la categoría geopolítica más importante de la era moderna. Según ese enfoque la soberanía de los estados y la vigencia de sus instituciones está limitada al territorio nacional. De hecho, todos los ejércitos (excepto los de los imperios) son instituciones exclusivamente nacionales.
Obviamente la teoría liberal no ha funcionado en condiciones químicamente puras en ninguna parte y si bien han existido y existen entidades militares de carácter internacional como la Triple Alianza en época de la Primera Guerra Mundial, el Eje Roma Berlín Tokio y la Coalición Aliada durante la segunda conflagración mundial y luego la OTAN y el Pacto de Varsovia, en todos los casos se ha tratado de alianzas forjadas por estados que no necesitan la aprobación de los militares. El caso del gobierno colombiano y el destape de sus aspiraciones de integrar o pactar con la OTAN pueden ser diferentes.
Al concebir la peregrina y nefasta idea de asociarse con la OTAN, el presidente Santos garantiza un espacio protagónico para las jerarquías castrenses colombianas y para las fuerzas armadas, cuyos privilegios están a salvo porque su Comandante en Jefe: “Piensa en grande” y ya les ha reservado un papel en el mundo global.
Naturalmente, se trata de un proyecto para cuya ejecución se requiere tiempo (otro período presidencial) y alianzas seguras como las que ya existen con Estados Unidos, cabeza y sostén de la OTAN.
Nadie debe dejarse engañar por explicaciones triviales. Primero habrá convenios de colaboración, intercambios de inteligencia, participación en maniobras y tareas militares conjuntas y más tarde se llegará hasta donde se pueda o demanden los intereses globales del imperio.
El primer paso está dado, el proyecto está en marcha y el daño a la cohesión latinoamericana está hecho. Las explicaciones y los movimientos en zigzag son parte de la maniobra: vivir para ver. Allá nos vemos.
