Por: Nelson Páez del Amo
Cuando se promulgó la ley sobre la inversión extranjera que, como muchos han planteado, debió mejor llamarse Ley sobre la inversión privada y normar esta actividad para todos, escribí un artículo en el que reflexionaba sobre algunos aspectos con los que no estoy de acuerdo, especialmente en lo referente a la presencia de las agencias empleadoras como condición “sine qua non” para la contratación del personal.
Algunos compañeros que leyeron el escrito me dijeron que me estaba apresurando, que estaba prejuzgando, que estas serían agencias de nuevo tipo, sin fines recaudatorios, concebidas para la protección de los trabajadores de la rapiña capitalista y para garantizarle a los empresarios el personal mejor calificado. Aunque en varias ocasiones tuve que sufrir en carne propia “las ventajas” de varias de esas agencias empleadoras, estos compañeros, todos de incuestionable trayectoria revolucionaria y probidad demostrada durante toda su vida, terminaron por convencerme y no envié el artículo de marras a destino alguno.
Hoy tengo en mis manos la intervención de Ana Teresa Igarza, directora general de la oficina reguladora de la ZEDM, explicando como se realizará el pago a los trabajadores que se contraten y, como diría mi querida abuela, se trata del mismo perro con diferente collar. Como siempre el verticalismo, no hay opciones: la entidad estatal tiene el monopolio de la contratación y como decía la guaracha de mi época: “Como quiera que te pongas tienes que llorar”. Según palabras de la funcionaria: “Esta decisión constituye un estímulo para trabajadores e inversionistas”. Esta declaración me recuerda una de las aventuras de Elpidio Valdés, cuando Cetáceo, con su acostumbrada parsimonia, ordenaba a la tropa a ir a paso redoblado y uno de los soldados comentaba – éste habla así porque va a caballo. ¿Qué clase de estímulo puede significar para un trabajador que un burócrata, ajeno a sus intereses y aspiraciones, le negocie la paga con el patrón, le quite un 20% por la gestión, luego le cambie los CUC a menos de la mitad de la tasa oficial y después tenga que pagar un impuesto sobre la renta, que nunca será menor del 10%? Utilizando el mismo ejemplo de la compañera Igarza, tendremos:
La agencia de marras negocia con el empleador un sueldo de 1000 CUC, le descuenta el 20% por un servicio no solicitado, le aplica el “estimulante cambio” de 10X1 y los 1000 CUC pactados con el empresario se convierten en 320 y el trabajador cobra 8000 CUP, de los cuales le descontarán 800 por concepto de impuesto sobre la renta e irán su bolsillo 7 200 CUP para cubrir sus gastos con los mismos precios actuales, porque CADECA sigue tasando el CUC al cambio oficial y aun persiste el mercado de divisas donde se encuentran la mayoría de los productos, y si ese trabajador necesita adquirir un artículo en dichas tiendas tendrá que recambiar sus CUP por CUC a razón de 25X1 – ni David Copperfield sería capaz de un acto de magia de tal magnitud. Encima de todo eso, tenemos que soportar que nos digan que las agencias empleadoras no tienen un fin de lucro y ese 20% es para dedicarlo a gastos de oficina – como bien apuntara Ruslán Olivares en su artículo: “Serán las oficinas más caras y mejor equipadas del mundo”.
¿Y cuáles son los estímulos al inversionista? El empresario paga emolumentos que luego serán reducidos a menos de la mitad y, aunque sobrepasan con creces los insolventes salarios del cubano de pie, no cumplen con las expectativas de los inversionistas de crear un verdadero sentido de pertenencia de los trabajadores al ver que por igual trabajo, sus colegas extranjeros- para cuyo número no hay límites según la compañera Igarza - reciben más del doble del suyo con la consiguiente y lógica incordia de los nacionales.
Todo esto, es bajo el supuesto de que estas “entidades empleadoras” no se conviertan, como sus predecesoras, en engendros de burocratismo, ineficiencia, favoritismo y turbios manejos crematísticos, pues entonces serían capaces de dar al traste con el impetuoso desarrollo que necesita la ZEDM y el país.
Que necesidad existe de crear monopolios burocráticos que limiten la competitividad y sienten premisas para la ineficiencia y las componendas. Dejémosle la defensa de los derechos de los asalariados a los sindicatos, libremente elegidos por los trabajadores y que sean ellos quienes los representen ante los patronos y, a estos últimos, no lo privemos de la elección de su personal de acuerdo con sus propios sistemas de contratación que también, dicho sea de paso, pudieran estar supervisados por los dirigentes sindicales.
Como dijo el gran Confucio: “Cometer un error y no rectificarlo es otro error”. No dejemos que conceptos anacrónicos prevalezcan en esta hora de cambios y se conviertan en rémoras al impetuoso desarrollo que necesita el país y que solo puede lograrse si nos liberamos de ataduras dogmáticas y soluciones preconcebidas. El estado socialista solo tiene que jugar su papel fundamental de defensor de los intereses de los trabajadores y garantizar una distribución justa de la riqueza de acuerdo con el principio socialista según la cantidad y calidad del trabajo y para ello debe contar con una superestructura y leyes adecuadas a sus intereses de clase.
“Las revoluciones no triunfan, y los pueblos no se mejoran, si aguardan a que la naturaleza humana cambie; sino que han de obrar conforme a la naturaleza humana y de batallar con los hombres como son o contra ellos…Los pueblos no están hechos de los hombres como debieran ser, sino de los hombres como son”.
José Martí Pérez.
