Por: Jorge Gómez Barata
Cuba necesita entre dos mil y dos mil quinientos millones de dólares anuales, es decir entre 20 y 25 mil millones en diez años para avanzar en la construcción del socialismo. Esas cifras, que eran considerables en la época de la colaboración con la Unión Soviética, deberán ser aportadas por los grandes capitalistas que presumiblemente, atraídos por la Ley de Inversión Extranjera, acudirán a la Isla en calidad de inversionistas.
En los últimos diez años la tasa de crecimiento promedio de la economía cubana fue del 1,8 por ciento anual, y para el presente año se prevé que sea del 2,2. Sin embargo se cree que con el aporte de aquellos volúmenes de capital foráneo, los ritmos de incremento pueden llegar a tasas de entre cinco y siete por ciento, cifras que alcanzan muy pocos países latinoamericanos, incluyendo aquellos con fuerte presencia de capital extranjero.
Por otra parte, esos 2, 000 o 2, 500 millones de dólares que se espera inviertan en Cuba los grandes capitalistas y empresas trasnacionales, presuntamente se destinarán a “cartera de proyectos y oportunidades” concebida por los organismos gubernamentales cubanos, y todavía no publicada, que impulsarán las prioridades nacionales y permitirán establecer encadenamientos productivos.
Los ponentes de este discurso, obviamente optimista, admitieron que existen varios obstáculos para su concreción: el bloqueo norteamericano, el endeudamiento externo de Cuba, el encarecimiento de los alimentos, la crisis económica mundial, y la escasez de divisas; pero salvo vagas alusiones a la necesidad de recuperar el prestigio financiero del país, diversificar las relaciones económicas internacionales, y ganar la confianza de los inversionistas; no precisaron como resolver estos problemas.
Los autores de la ley, que no vacilan en asumir las dudas y los riesgos implícitos en las expectativas de que el capital transnacional se asocie con el estado cubano, e invierta considerables recursos, de hecho descartan el aporte externo en la promoción de pequeñas y medianas empresas privadas y la asociación con nacionales; un camino que si bien no es tan espectacular y entraña riesgos, pudiera ser más asequible.
Sin que nadie los desmienta, especialistas enterados fijan la cifra aportada por las remesas enviadas por los emigrados en unos dos mil millones de dólares al año, (cifra parecida a la reclamada para la inversión extranjera). Tal vez con políticas más atractivas, y con diseños empresariales más acordes con nuestras realidades, basados en la pequeña y mediana empresa, sería posible trabajar para convertir parte de estos ingresos en capital de inversión, y probablemente aumentarlas.
La ley adoptada y aun no promulgada, indica un camino correcto y contiene expectativas felices, aunque deberá ser complementada con políticas que suplan los cabos sueltos de una legislación perfectible. Allá nos vemos.
