Por: Dayamis Sotolongo Que en las narices de todos, en plena Carretera Central y en medio del Santiago Espirituano, una carpa azul particular expenda la Cristal a 30 pesos solo por el esfuerzo de cruzar de la acera del Ditú a la del frente, hasta su quiosco, no es especulación; es oferta y demanda. Que ninguno —o casi ninguno— de los puntos por cuenta propia que (re)vendieron cervezas y refrescos al por mayor haya tenido al menos una mesa con dos sillas y un plato de comida para apuntalar la patente de paladar tampoco es delito; es desparpajo.
Parece que en tiempos de carnaval casi todo está permitido: desde vender café en una esquina junto con refresco de lata como si fuese una cafetería hasta improvisar un paladar sin que brinde otro servicio gastronómico que varias Bucaneros y maltas y Caciques en venta. Pero es legal, únicamente porque quienes comercializaron esos productos debieron tener, como mínimo, patente que los acreditara como elaboradores vendedores de alimentos y bebidas mediante servicio gastronómico (paladares); elaboradores vendedores de alimentos y bebidas en puntos fijos de venta (cafeterías); elaboradores vendedores de alimentos y bebidas no alcohólicas de forma ambulatoria o como dueños de cafeterías de alimentos ligeros.
Se supone… Al menos son esas las únicas actividades, de las descritas en la Gaceta Oficialextraordinaria del 26 de septiembre del 2013, que pudiesen ajustarse a tales comercios. Lo precisa Gustavo Alcántara Benítez, subdirector de Empleo de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, quien advierte, además, que no todo el que lo desee puede ejercer estos oficios. “Menos el paladar, el resto de las patentes de las actividades mencionadas solo se otorga si se autorizan por la autoridad facultada, es decir, el Consejo de la Administración Municipal. La legalización de ellas está restringida, pues se priorizan los centros estatales”.
No arriesgo mi mano en la candela para sostener que todos los que vendieron esos productos tenían licencias. Creo, eso sí, que el certifico de contribuyentes solo los ampara, en este caso, para legalizar sin pudor alguno la ilegalidad. Como si quienes otorgan los permisos para las ventas en los carnavales no supieran que pocos arman un restaurante particular en la calle, que las cervezas y los refrescos enlatados son tan industriales como las máquinas de afeitar y que no hay otro modo de adquirirlos que no sea en el mercado minorista de todos.
Autorizarlo es algo así como dejar conscientemente la llave en la puerta de la casa y permitir que quien quiera entre a servirse. Es poner en bandeja de plata los recursos estatales para que engorden el bolsillo de unos pocos, como sucedió. Y era de esperar lo de siempre: cervezas, refrescos y maltas encarecidos a falta de su existencia en los puntos del Comercio y la Gastronomía o de la red en divisa.
Varios espirituanos que lo padecieron lo confirmaron a Escambray: cajas y cajas de cerveza vendidas a particulares —probablemente contubernio y ganancias mediante—, saqueo a los puntos estatales y ninguna otra oferta que la malta a 20 pesos.
No obstante, según autoridades gubernamentales del municipio, los puntos de la Gastronomía estatal en moneda nacional no sufrieron el desabastecimiento. Al decir de Hubelexy Gómez Gómez, vicepresidente de Bienes y consumo de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Sancti Spíritus, “toda la cerveza que entró a esta provincia se dedicó al carnaval. Se contaba con 3 000 cajas de cerveza, díganse Cacique y Mayabe, además de que cuando comenzó el carnaval teníamos 700 hectolitros de cerveza a granel y fueron entrando alrededor de 400 hectolitros diariamente, lo que nos daba una cobertura de alrededor de 600 hectolitros diarios para el carnaval. No hay un punto de la Gastronomía ni de la EPESS que no tuviera en su lugar la cerveza dispensada, la de lata y el comestible necesario para cualquiera que pudiera adquirirlo allí”.
Tanta cerveza hubo en los carnavales que no dio abasto a venderse. Así asegura Ariel Fernández Martínez, director del Grupo Empresarial Comercio Sancti Spíritus: “La cerveza de botella en los restaurantes no faltó. La Cacique y la Mayabe puedo decir que sobró, porque hoy a la EPESS, a la Emapa y a Comercio les quedó cerveza. Comercio tuvo que montar ocho puntos en la calle, aparte de sus cinco mercados, para lograr vender el nivel de cerveza que había entrado”.
Si los expertos aseguran que había cerveza hasta para repugnarse; si a los mercados estatales, donde supuestamente también deben adquirirla los cuentapropistas, solo entró el 10 por ciento de toda la cerveza existente; si los refrescos no faltaron en los establecimientos en moneda nacional… ¿quienes los pagaron a 15 pesos fue por puro masoquismo? ¿A los puntos particulares los abastece directamente Bucaneros S.A.?
Es culpa de la oferta y la demanda, reiteran una y otra vez los entendidos, asidos a ese eslogan que solo viene a solapar el desentendimiento estatal. Porque tanto pueden adulterarse los precios que ni se multa por eso, aunque el consumidor quede absolutamente desprotegido.
Solo 16 multas se impusieron por el Decreto-Ley No. 227 del Ministerio de Finanzas y Precios que regula la protección a los clientes. Según Eduardo Beltrán Martínez, director en funciones de la Dirección Integral de Supervisión, “los decretos aplicados fueron por violación en la calidad y el precio de la cerveza de termo. El pomo de 1 500 mililitros que costaba unos 6 pesos se estaba vendiendo a 9 pesos”.
Pero nadie, ni las comisiones gubernamentales que supervisaban los carnavales ni inspector alguno creyeron ilegal que existieran esas carpas callejeras atestadas de cervezas a sobreprecio y sin una hornilla eléctrica siquiera para disimular el supuesto paladar. La estafa, al parecer, no necesita fachadas. Puede que me equivoque, pero es igual que tener las zapatillas Adidas en maletines y exhibir delantales en el portal.
