En casi todos los países de América Latina, aunque con diferentes enfoques y programas, están en marcha procesos cuyas tendencias apuntan a la consolidación institucional, y la modernización de los sistemas políticos. Esos cambios en conjunto tienen en común un signo progresivo, que conlleva a elecciones más creíbles, al alejamiento del poder de las oligarquías, el fin de los golpes de estado militares y de las dictaduras.
No obstante, debido a la división de clases, intereses diversos, y a las fracturas producidas por la competencia electoral, todos los gobernantes latinoamericanos son electos por estrechos márgenes, y cohabitan con elementos opuestos que controlan las economías, las finanzas, y los medios de difusión, y se atrincheran en los parlamentos y órganos judiciales, así como en las instituciones militares y policiacas. Aunque su gestión cuenta con gran apoyo popular, el respaldo no es unánime.
El problema no radica en la existencia de la oposición, presente en todos los países, en los cuales forma parte del sistema democrático, sino en la actitud asumida por los elementos desplazados de un poder que ejercieron por más de dos siglos, y se niegan a aceptar el traspaso del gobierno a sectores progresistas.
Hay países gobernados por elementos próximos a la política tradicional que conducen las mutaciones de modo convencional, sin rupturas con el orden vigente, ni modificaciones del ordenamiento jurídico o constitucional, y sin rectificaciones radicales de la filosofía neo liberal. En ellos, debido a coyunturas favorables, la prosperidad económica favorece la estabilidad. Allí la oposición no disputa el poder, limitándose a criticar la gestión gubernamental, y planteando demandas mediante métodos tradicionales.
Las dos grandes economías de Sudamérica, Brasil y Argentina, donde se realizan grandes transformaciones, la institucionalidad se percibe sólida, y sus líderes preferirían un accionar más sosegado; los sectores opositores, apoyados en un establecimiento estructurado y en poderosas fuerzas conservadoras que hostigan a los gobiernos y movilizan masas, han llegado a configurar lo que se ha dado en llamar intentos de “golpes de estado blandos”.
En cambio en países como Venezuela, Ecuador, Bolivia y El Salvador, donde se asumen discursos más próximos al lenguaje revolucionario, y se promueven transformaciones más profundas y expeditas, tiene lugar una confrontación más aguda, entre otras cosas porque la oposición, politizada y agresiva, es ejercida por sectores que antes detentaron el poder, y cuentan con recursos económicos, controlan la prensa local, y son respaldados por las empresas trasnacionales, y bendecidos por los gobiernos de Estados Unidos y Europa, que asumen actitudes francamente injerencistas.
México es difícil de clasificar, porque se encuentra atrapado en el accionar regido por una poderosa partidocracia, que maneja enormes burocracias y maquinarias electorales que han fomentado un ambiente político corrupto, en el cual abundan los fraudes, y cada presidente decepciona más que el anterior, y donde la izquierda, absorbida por el entorno, ha perdido identidad y protagonismo.
No obstante la diversidad de enfoques políticos, y el modo como cada país latinoamericano encara la solución de los problemas nacionales, y despliega su política exterior, todos tiene en común un enfoque progresista, que va desde el centro a la izquierda, y además, tienen la voluntad integracionista, lo que confiere a la coyuntura hemisférica una proyección avanzada, circunstancia que ha permitido a la región alcanzar una cohesión nunca vista. La política de unidad en la diversidad rinde frutos.
La cuestión más importante hoy es cómo maniobrar para contrarrestar el desgaste que produce el ejercicio del gobierno por períodos prolongados, moderar la actividad de la oposición, y detener la ofensiva conservadora que amenaza con revertir lo alcanzado en varios países, asunto en torno al cual difícilmente pueda concertarse una estrategia común, y que cada vanguardia política ha de resolver en su país. Allá nos vemos.
