Los cambios positivos operados en el clima político latinoamericano no lograron modificar el perfil de la organización de Estados Americanos. Faltó tiempo. Una vez más la organización utiliza sus posibilidades, no para actuar constructivamente, procurar avenencia, y contribuir a la solución de los problemas, sino para estorbar y agravarlos.
Aunque la injerencia de varios gobiernos, especialmente Estados Unidos y España, ejercen influencia en Venezuela, la crisis económica y de gobernabilidad que afronta ese país es básicamente interna, y debe ser administrada por las instituciones nacionales que, aunque con enormes dificultades y contradicciones, funcionan, y deben ser capaces de desempeñar sus roles.
Por otra parte, es obvio que a pesar de las grandes tensiones, en el país sudamericano no están presentes los elementos que justificarían la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que de modo precipitado y sin consenso alguno ha invocado Luis Almagro, secretario general de la organización.
La Carta Democrática Interamericana es una resolución vinculante, adoptada en el año 2001 para reforzar y proteger la institucionalidad. Un grupo de sus artículos son aplicables allí donde se haya roto o alterado el orden democrático, cosa que no ha ocurrido, ni es inminente en Venezuela.
El espíritu del instrumento es preservar a los gobiernos y estados constitucionalmente instalados y a sus instituciones de los actos de fuerza, especialmente de golpes de estado y otras formas de conspiración.
La base de la convocatoria es un informe presentado por la Asamblea Nacional Venezolana en el cual se describe la situación del país en los peores términos, y haciendo abstracción de importantes factores causales, se denuncia al gobierno de Nicolás Maduro, al que acusan de impedir el funcionamiento de las instituciones.
La intención del Secretario General es convocar a los 34 miembros de la organización para conocer el informe presentado por el legislativo venezolano, dominado por la oposición.
Excepto propagandísticas, ese primer paso carece de implicaciones. Seguidamente, de encontrar un ambiente propicio, Almagro y otros patrocinadores pudieran convocar al Consejo de la organización y, de tener éxito en esa instancia, lo cual parece poco probable, la denuncia pudiera incorporarse a la agenda en la Asamblea General de la OEA que se efectuará este mes.
Aunque el ejercicio pudiera tornarse inviable al requerir el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros del Consejo, es decir 20 votos, los efectos y las manipulaciones tributan no al éxito del diálogo emprendido, sino al incremento de las tensiones.
A pesar de que toda la Carta posee el mismo espíritu, varios de sus artículos, 17, 18, 19 y 20 establecen acciones específicas hasta llegar a la separación de la organización, que es la máxima sanción que puede ser impuesta. En ningún caso se contempla la intervención extranjera directa. No obstante una condena puede resultar perjudicial para el país.
La actuación del secretario general Luis Almagro es especialmente inoportuna por tener lugar en momentos en que el gobierno y la oposición venezolana, aunque con cierta timidez, dialogan y dan pasos al encuentro. La injerencia externa puede frustrar, o como mínimo dificultar, ese cometido. Venezuela necesita ayuda y comprensión, intromisión no. Allá nos vemos.
