Por: Nelson Páez del Amo.
Acabo de leer un interesantísimo artículo del profesor Harold Cárdenas, bajo el título: “¿Hay una conspiración en Cuba?” en el que el autor se plantea la posibilidad de que sectores bien posicionados en el gobierno estén tramando, de forma similar a la ocurrida en la antigua URSS, un regreso al capitalismo mediante la implantación de medidas antipopulares que generen el descontento de la población. Aunque sus temores no son nada infundados, a mi me da la impresión que el intento está más dirigido a tratar de mantener, a toda costa, el status quo imperante hasta el presente, que ha permitido a gran parte de la burocracia gobernante mantener, merced a prácticas corruptas y al ejercicio de un poder centralizado que no responde a los intereses del pueblo, un estilo y un nivel de vida que nada tienen que ver con el de la mayoría trabajadora. Para estos burócratas acomodaticios, a los que siempre el poderoso estado socialista les ha sacado las castañas del fuego, hablarle de otras formas de propiedad es como hablarles del diablo, pues con ellas se le acaban sus inagotables fuentes de abastecimientos, sus prerrogativas, sus prebendas…Ya no habrá un estado a quien robar, ni “usuarios” a quienes esquilmar con productos de mala calidad vendidos a precios exorbitantes, ni monopolios estatales convertidos, por obra y gracia de la empresa socialista, en verdaderos feudos que dictan sus propias leyes.
El profesor Cárdenas Lemas señala, con mucha exactitud, cuatro disposiciones marcadamente impopulares a saber:
1. La prohibición de venta de ropa importada- que tal y como se previó se continúa realizando, ahora como actividad ilícita.
2- La sorpresiva y meteórica supresión de los cines 3-D por un simple tecnicismo.
3- La venta liberada de “autos modernos”- mejor ni hablar de esta burla grotesca.
4- Las nuevas normas de la AGR sustentadas por una comparación sofística con otros países que, ni remotamente, padecen el desabastecimiento o los astronómicos precios de Cuba.
A este fatídico listado habría que agregarle todas las trabas impuestas a la entrega de tierras en usufructo- aun queda un millón de hectáreas de tierras improductivas.
El freno impuesto al desarrollo de las cooperativas no agropecuarias, así como a la autonomía real de las grandes empresas socialistas. La no creación, después de casi cuatro años, de un mercado mayorista, el mantenimiento de las trabas para la comercialización de los productos agrícolas…En fin, si analizamos todas y cada una de estas medidas que se han tomado y otras, cuya implementación se retarda innecesariamente, como la unificación de la moneda y la modificación de la Carta Magna acorde con el momento histórico actual, vemos que el denominador común es la posición de una gran parte de la burocracia gobernante que, pese a que de palabra apoya la necesarias reformas, de hecho, son reticentes a permitir el desarrollo sostenido e ininterrumpido de las nuevas formas no estatales de producción, interponiéndole los más inimaginables obstáculos, pues ellas, a la postre, se convertirán en las sepultureras de su poder hegemónico.
Los cambios políticos también urgen. El poder legislativo tiene que cumplir su función de proponer, discutir y aprobar las leyes que realmente beneficien a la nación y a la mayoría de la población por lo que su trabajo debe ser permanente durante todo el período para el que han sido electos. Hay que erradicar las disposiciones ministeriales que afecten a la población, para legislar están los diputados electos por el pueblo y que responden a su soberana voluntad y no los ministros o funcionarios nombrados que responden a intereses de grupos o corporaciones, cuando no a ambiciones personales.
Ya fue advertido por el líder histórico de la Revolución y por el general-presidente: El régimen socialista no ha podido ser destruido desde afuera; el peligro es intrínseco, está dentro del aparato gubernamental y partidista mismos y hay que combatirlo erradicando las causas que lo engendraron. Hay que acabar con la dirección centralizada, verticalista y burocrática. Se impone una mayor democratización, inclusión y participación de ese enorme potencial científico e intelectual que se ha creado en este medio siglo, en esta gran empresa que nos hemos propuesto de hacer un socialismo más eficiente y sustentable. La reforma es derecho y deber de todos y no de un grupo que se ha arrogado todas las prerrogativas. Hay que escuchar las opiniones de la mayoría afectada. En el debate amplio, desprejuiciado e inclusivo está la llave del éxito.
Y me despido parafraseando a Catón el Viejo: Delenda burocratismo est!
